Se consolida un espacio de trabajo conjunto para garantizar derechos, inclusión social y desarrollo rural en beneficio de comunidades históricamente afectadas.
En el departamento, se puso en marcha un nuevo plan de trabajo para 2025 que busca fortalecer el proceso de reincorporación de firmantes de paz y avanzar en la reconciliación territorial. La iniciativa surge como respuesta a los retos sociales que aún persisten en los municipios afectados por el conflicto armado.
La instalación de la Primera Mesa Departamental de Reincorporación marca el inicio de una estrategia que articula a diferentes entidades con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de quienes dejaron las armas y sus comunidades. La medida permitirá coordinar acciones concretas para que el proceso de paz sea una realidad duradera.
El plan contempla una hoja de ruta actualizada y la presentación de un decreto que reglamenta el funcionamiento de este espacio. Entre las acciones se priorizan la inclusión social, el desarrollo rural, el acceso a derechos y la superación de la estigmatización, elementos clave para avanzar en la reconciliación.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Misión de Verificación de la ONU, la Defensoría del Pueblo y gobiernos municipales son algunos de los actores que integran esta estrategia. Su papel será garantizar que las iniciativas lleguen de manera efectiva a los territorios más afectados.
Este esfuerzo conjunto busca generar condiciones reales para la paz, brindando oportunidades de vida digna a excombatientes y a comunidades que durante años vivieron en medio de la violencia. También, se espera fortalecer la confianza entre ciudadanos y quienes decidieron apostarle a la legalidad.
El proceso es promovido por la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, que ha liderado la articulación entre sectores públicos y sociales. “Esta alianza es clave para transformar vidas y territorios, priorizando los derechos y la convivencia”, afirmó Laura Ramírez, delegada de esta entidad.
