El presidente afirmó este 25 de marzo que el Gobierno no asumirá las deudas de las EPS y que aquellas que no cumplan con sus obligaciones podrían ser liquidadas según la normativa vigente.
El pronunciamiento se dio en el contexto de la crisis por la demora en la entrega de medicamentos, que afecta a miles de pacientes en todo el país.
Petro afirmó que el modelo actual ha fallado al permitir que privados manejen el sistema de salud con fines financieros, dejando sin medicamentos a personas con condiciones críticas.
En su intervención, mencionó casos de niñas y adultos mayores sin acceso a tratamientos esenciales, y acusó a las EPS de “no girar los recursos que les entrega el Estado para la atención de la población”. Aseguró además que el Gobierno avanzará en una transformación estructural del sistema, empezando por revisar los contratos y el flujo de recursos.
Las declaraciones generaron reacciones inmediatas. María Fernanda Gutiérrez, directora de la Asociación de Empresas de Medicina Integral (ASEMI), señaló que la crisis debe resolverse con responsabilidad compartida y no con medidas punitivas generalizadas. “Hay EPS que han cumplido con sus funciones pese a las restricciones financieras. Lo que se necesita es una solución técnica y dialogada, no una condena colectiva”, dijo Gutiérrez.
En los últimos meses, se han multiplicado los reportes de pacientes que no reciben a tiempo medicamentos vitales, especialmente en enfermedades de alto costo como cáncer, epilepsia y diabetes. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 aumentaron las quejas por desabastecimiento en zonas rurales y en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. La Procuraduría General de la Nación también pidió al Ministerio de Salud tomar medidas urgentes para garantizar el derecho fundamental a la salud.
El Gobierno ha señalado a operadores logísticos y distribuidores farmacéuticos como parte del problema, al denunciar que algunas empresas habrían retenido medicamentos en bodegas, lo que agravó la crisis. El presidente Petro calificó esta situación como “vagabundería” y la comparó con mecanismos utilizados en otros países para debilitar gobiernos mediante la escasez inducida.
La Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido más de 10 EPS en los últimos tres años, pero los resultados siguen siendo limitados. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reiterado que el Gobierno está comprometido con una reforma que privilegie el acceso y la calidad del servicio, por encima de la rentabilidad del modelo actual.
