El ente de control señala que el alcalde Krasnov incurrió en una posible falta disciplinaria al suscribir un contrato sin verificar que el contratista cumpliera con los requisitos exigidos por la ley. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella, por presuntas irregularidades en un contrato relacionado con la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios. Según el ente de control, el contrato fue suscrito sin que el contratista cumpliera con un requisito clave: contar con tarjeta profesional vigente como diseñador industrial. Al momento de la firma, el contratista no tenía el documento, y tampoco había iniciado trámite alguno para obtenerlo. La tarjeta fue expedida un mes y 19 días después de la firma del contrato. La Procuraduría señala que el alcalde Krasnov incurrió en una posible falta disciplinaria al suscribir el contrato sin verificar que el contratista cumpliera con los requisitos exigidos por la ley. Este tipo de omisión podría comprometer los principios de legalidad y transparencia en la contratación pública. Por su parte, el secretario Gustavo Adolfo López Avella también está en la mira, debido a que habría avalado los estudios previos y la certificación de idoneidad del contratista, a pesar de que este no cumplía con los requisitos técnicos exigidos. Esta conducta, según la Procuraduría, podría representar un incumplimiento de sus deberes como servidor público. Ante estos hechos, el organismo de control concluyó que ambos funcionarios omitieron la verificación de la idoneidad y experiencia del contratista, tal como lo exigían los documentos del proceso contractual. El caso ahora entra en una nueva etapa disciplinaria para determinar posibles sanciones.
Trabajadores de Afinia buscan evitar huelga y dialogan con el Ministerio de Trabajo
El sindicato solicita una investigación rigurosa sobre las finanzas de la empresa y advierte sobre posibles decisiones cuestionables que afectarían su operación en la región Caribe. A pocas horas del inicio de la huelga anunciada por trabajadores de Afinia en los departamentos de Cesar, Córdoba, Sucre y Magangué, delegados del sindicato Sintraelecol han sido recibidos por el Ministerio del Trabajo en Bogotá, con el objetivo de lograr una mediación que permita avanzar hacia una solución negociada. Durante el encuentro, el asesor legal del sindicato hizo un llamado a las autoridades para que se investiguen los manejos financieros del Grupo EPM, casa matriz de la filial Afinia. “Agradecemos la disposición del Ministerio para mediar, pero también solicitamos a la DIAN, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Fiscalía que indague a fondo las acciones administrativas de la compañía, pues podrían estar perjudicando no solo a los trabajadores, sino también a los usuarios del servicio”, expresó Carlos Roncancio. El sindicato insiste en que la situación financiera que la empresa ha venido comunicando a la opinión pública debe esclarecerse con investigaciones serias sobre los balances contables y los posibles responsables de decisiones cuestionables que afectan a la compañía y su operación en la región Caribe. Fabián Madrid, vocero de los trabajadores, destacó la apertura del Viceministerio de Relaciones Laborales para escuchar sus planteamientos. “Expusimos nuestras inquietudes y el pliego de peticiones avalado por las asambleas de trabajadores. Esperamos que el Gobierno Nacional facilite un acercamiento real entre las partes, para evitar el inicio de la huelga tras más de tres meses de negociaciones sin avances”. En este sentido, los trabajadores aclararon que su intención no es interrumpir el servicio, sino dignificar sus condiciones laborales. Dado que muchos de ellos llevan más de 30 años vinculados al sistema eléctrico regional, desde la época de Electricaribe. “Lo que más queremos es que Afinia preste un servicio excelente y de calidad para todos los habitantes de la Costa”, concluyeron.
Procuraduría alerta sobre crisis humanitaria por retorno masivo de migrantes al país
Fenómeno de migración inversa representa un déficit humanitario según señaló el procurador para los Derechos Humanos, Néstor Osuna. Osuna lanzó alerta temprana para Colombia y Panamá. El procurador para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, lanzó una fuerte advertencia sobre la grave crisis humanitaria que se vive actualmente en el Tapón del Darién y otras zonas fronterizas, por el retorno masivo de migrantes colombianos. En lo que va de 2025, al menos 9 mil personas han sido devueltas desde Panamá, México y Costa Rica. “Tenemos un problema humanitario inmenso con el retorno de migrantes”, expresó Osuna, al señalar que muchos de los connacionales que salen del país lo hacen en condiciones extremadamente precarias y terminan siendo deportados o rechazados sin garantías. La situación, según el funcionario, está generando una nueva presión sobre zonas ya afectadas por el conflicto y la pobreza. Osuna también criticó el enfoque actual de la política migratoria regional. “Muchos de ellos vuelven sin recursos, sin redes de apoyo, y con un país que aún no está preparado para recibirlos dignamente”, afirmó. Además, hizo un llamado a las autoridades colombianas para que articulen una respuesta urgente y humanitaria. El procurador instó a los países involucrados (Colombia y Panamá) a respetar los derechos humanos de los migrantes y aplicar protocolos que garanticen un retorno digno. “La migración no se detiene con represión ni con muros. Se gestiona con humanidad, con cooperación internacional y con desarrollo”, enfatizó. Finalmente, Osuna pidió a la sociedad no estigmatizar a quienes retornan y entender que muchas veces se trata de personas que huyen de la violencia, el desempleo o el abandono estatal. “Estos compatriotas no son delincuentes ni una carga. Son ciudadanos que necesitan apoyo”, concluyó.
Capturan en Bogotá a alias ‘Heider’, presunto cabecilla del microtráfico en Bolívar
Autoridades lograron esta captura en Transmilenio tras verificación de antecedentes. El detenido sería un actor clave en la distribución de estupefacientes en los municipios de Mahates, Arjona, María la Baja, Calamar y Arroyohondo. La Policía Nacional reportó la captura de alias ‘Heider’, un hombre señalado de coordinar redes de microtráfico en el departamento de Bolívar. El operativo se realizó en el sistema TransMilenio, mientras el sujeto se movilizaba en compañía de otro hombre por el centro de Bogotá. La aprehensión se llevó a cabo en la estación Bicentenario, en los límites de las localidades de Santa Fe y La Candelaria. Allí, unidades del Grupo de Transporte Masivo interceptaron a los sospechosos y, al solicitar sus documentos de identidad, verificaron que uno de ellos tenía requerimientos judiciales vigentes. Alias ‘Heider’ contaba con una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Así lo confirmó el teniente coronel Edwin Díaz, comandante de la Policía de Transporte Masivo, quien indicó que el procedimiento se desarrolló en medio de un operativo de control de antecedentes. De acuerdo con las investigaciones, el detenido sería un actor clave en la distribución de estupefacientes en los municipios de Mahates, Arjona, María la Baja, Calamar y Arroyohondo, en el departamento de Bolívar. Habría coordinado el envío y la comercialización de drogas en estas zonas. Tras su captura, alias ‘Heider’ fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso judicial correspondiente. Las autoridades destacaron este golpe como un paso más en la lucha contra las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en el país.
CAR reveló riesgo ambiental por tanque de ACPM cercano al río Suárez
Se evidenció la ocupación indebida del cauce por un tanque de almacenamiento de ACPM (combustible diésel). La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), a través de su Dirección Regional Chiquinquirá, realizó un operativo fluvial sobre el río Suárez para identificar posibles afectaciones ambientales en su cauce y zonas de protección. La jornada contó con el acompañamiento de la Dirección de Infraestructura de la Corporación y de la Policía Ambiental. Durante el recorrido, se detectó la ocupación indebida de la ronda hídrica por un tanque de almacenamiento de ACPM, ubicado a solo 16,77 metros del río en la vereda Hato de Susa, municipio de Chiquinquirá. Aunque no se observaron vertimientos directos al afluente, se identificaron rastros de hidrocarburos en el suelo cercano, lo que representa un riesgo potencial de contaminación por posibles fallas estructurales o deficiencias en el sistema de contención. El operativo también permitió evidenciar otras prácticas que podrían afectar el ecosistema fluvial, como el pastoreo de ganado dentro de la ronda hídrica y modificaciones del terreno. Estas acciones deterioran el suelo, compactan la ribera y aumentan la vulnerabilidad del río frente a procesos de erosión. “Durante este operativo encendimos las alertas por graves afectaciones ambientales en el río Suárez, una fuente de vida para miles de familias y ecosistemas del occidente de Boyacá y norte de Cundinamarca”, indicó Yiber González, director regional de la CAR. También reiteró que aunque no se identificaron vertimientos directos, la amenaza de contaminación es inminente si no se toman medidas correctivas. La CAR informó que evalúa las acciones administrativas a seguir para prevenir y mitigar los impactos detectados.
Lina Marcela Escobar nueva Magistrada de la Corte Constitucional
Con 82 votos a favor, la plenaria del Senado eligió a Lina Marcela Escobar, quien reemplazará a Diana Fajardo en el alto tribunal. Con una votación de 97 votos registrados, segmentados de la siguiente manera: 1 no marcado, 4 en blanco, 8 por Lisneider Hinestroza, 2 por Myriam Carolina Martínez y 82 por Lina Marcela Escobar, el Senado eligió a Lina Marcela Escobar como nueva magistrada de la Corte Constitucional. Tras registrar mayoría absoluta en el Senado, la nueva magistrada agradeció la confianza de los congresistas y reiteró que trabajará por defender la Constitución Política. Al salir y tras su nombramiento, Lina Marcela Escobar afirmó que actualmente “el país está atravesando una serie de tensiones. Yo no diría desinstitucionalización, porque las instituciones están (…) hay que trabajar desde todas las instituciones por el respeto a la Constitución”. Esto en relación a la polémica que se ha generado por la consulta popular. La nueva magistrada de la Corte Constitucional es abogada de la Pontificia Universidad Bolivariana, cuenta con una maestría en Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, es magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y doctora en Derecho Constitucional.
Trece jóvenes del Catatumbo acceden a educación universitaria
Los jóvenes contarán con un acompañamiento integral que incluye hospedaje, alimentación y subsidios de sostenimiento. Trece jóvenes del Catatumbo, que en el pasado se dedicaban a la recolección de hoja de coca, iniciarán una nueva etapa en sus vidas tras ser admitidos de manera especial en la Universidad Popular del Cesar. A partir del segundo semestre de 2025, comenzarán estudios de educación superior en las sedes de Aguachica y Valledupar. Esta oportunidad forma parte de la estrategia Ruta del Amor por el Catatumbo, impulsada por el Ministerio de Educación Nacional y el objetivo es devolver la esperanza a comunidades históricamente golpeadas por la pobreza, la desigualdad y el conflicto armado, apostándole a la educación como motor de transformación. Además del acceso a programas académicos pertinentes, los jóvenes contarán con un acompañamiento integral que incluye hospedaje, alimentación y subsidios de sostenimiento. Estas condiciones buscan garantizar la permanencia y culminación exitosa de su formación universitaria. Durante el acto de bienvenida, el secretario general de la Universidad Popular del Cesar, Luis José Rodríguez Torres, destacó el compromiso institucional con el cambio social: “Hoy estoy convencido de que la Universidad honra su compromiso con la justicia social y con el derecho a la educación”, afirmó. Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, Maritza Molina, transmitió un mensaje del ministro Daniel Rojas Medellín, quien aseguró que “en Aguachica y Valledupar nace una nueva oportunidad para ustedes y sus familias. Bienvenidos a una educación con calidad”.
Ecopetrol se pronunció tras visita oficial de la Procuraduría
La entidad aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de control y vigilancia, priorizando la protección de la información. Además, seguirá colaborando con las investigaciones en torno al contrato Covington & Burling. Ecopetrol anunció que entregó a la Procuraduría toda la documentación y soportes relacionados con el contrato firmado con Covington & Burling. Según detalló en un comunicado, la entidad dio a conocer a los delegados avances en la investigación, donde se identificaron patrones de comportamientos anómalos en los sistemas corporativos, asociados a la posible filtración de información confidencial. Luego de recibir en sus instalaciones la visita oficial de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, Ecopetrol anunció que aportó lo necesario a la diligencia que se desarrolló en el marco de una indagación preliminar. La compañía entregó de manera oportuna y completa toda la documentación y soportes requeridos, incluyendo procesos de gestión contractual y digital, los cuales fueron previamente solicitados por la Junta Directiva y comunicados el pasado 29 de mayo. Este anuncio se dio luego de conocerse que, en horas de la mañana, funcionarios de la Procuraduría Tercera Delegada para Contratación Estatal llegaron a las oficinas en la Carrera Séptima con Calle 33 en busca de diversos documentos para avanzar en las investigaciones del contrato Covington & Burling. La compañía expresó su plena disposición a seguir colaborando con todas las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, reiterando su compromiso con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Finalmente, Ecopetrol aseguró que continuará fortaleciendo sus mecanismos de control y vigilancia, priorizando la protección de la información, la reputación institucional y la confianza de los colombianos en una de las empresas más importantes del país.
Fiscalía imputó cargos a exdirector de Función Pública del gobierno Petro
La Fiscalía imputó cargos a César Manrique por un caso de presunta corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En las últimas horas la Fiscalía Nacional llevó a cabo la imputación de cargos contra el exdirector de Función Pública, César Manrique, según el material probatorio presentado por el ente investigador, Manrique hizo parte de una red de corrupción que desvió millonarios recursos públicos mediante contratos direccionados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Además, se evidenció como César Manrique incrementó 3 mil millones de pesos su capital, aparentemente producto de una coima derivada del contrato celebrado por la UNGRD con la corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques. La fiscalía logró establecer que, en la sede de la Agencia Nacional de Tierras, esta red también acordó el traslado de 100.000 millones de pesos a la UNGRD. Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño, detalló que “En septiembre de 2023, usted planeó y asistió con Olmedo López y Barreto Gantiva a una reunión con funcionarios de la ANT y de la UNGRD con el propósito de dar celeridad al trámite de reducción y liberación de recursos del convenio número 9677-CV20 021 20 23 suscrito entre estas entidades a cambio de controlar la contratación que se realizar por el valor de los recursos reducidos del convenio”. Al igual que Olmedo López también se le imputaron cargos a el abogado Édgar Riveros Rey, a Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo involucrados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
La JEP tomó medidas cautelares para proteger pueblos indígenas
La Jurisdicción Especial para la Paz toma medidas para evitar el exterminio cultural de los pueblos indígenas, en el marco del Caso 05, que investiga hechos del conflicto armado en el Cauca y sur del Valle del Cauca. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adoptó medidas cautelares urgentes para proteger a los pueblos indígenas y afrocolombianos acreditados en el Caso 05, que investiga la violencia en 19 municipios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Según señaló el magistrado Raúl Sánchez las medidas cautelares puntuales que se van a adoptar en estos territorios comenzarán a regir a partir de hoy. A través del Auto 004 de 2025, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez estableció una serie de medidas y vinculó a diversas entidades estatales, entre ellas ministerios y gobernaciones. Las disposiciones incluyen la entrega de bienes extintos a guardias étnicas, la implementación de sistemas de alerta temprana, acciones para proteger liderazgos en riesgo y la formulación de un plan integral de seguridad para el municipio de Guachené. En ese sentido el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Justicia, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Vivienda, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, están implicados en la adopción de las medidas. “Una de las grandes problemáticas que tiene el Cauca es el reclutamiento ilícito de menores”, relató el magistrado Raúl Sánchez. De igual forma, Sánchez hizo un llamado al ICBF para tomar medidas y fortalecer las medidas que logren disminuir y erradicar este el reclutamiento forzado. En busca de garantizar la pervivencia, la autonomía y seguridad de estas comunidades el Estado debe tomar medidas que mejoren el acceso a agua potable, vivienda digna y recuperar prácticas culturales y medicinales ancestrales.
