“La violencia, la ineptitud y la corrupción deben rechazarse y combatirse, así se nos haya incrustado temporalmente en el Gobierno” son algunas de las frases que el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, cita en su libro, lanzado esta semana en la Feria del Libro de Bogotá. Las páginas de este libro recogen el camino que llevó a Francisco Barbosa a ser elegido fiscal general de la Nación, y narran su experiencia frente al ente acusador durante la presidencia de Iván Duque, especialmente cuando el país enfrentó eventos como la crisis del Covid-19, las protestas sociales y el inicio del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, así como los primeros años del Gobierno de Gustavo Petro. Un inicio de Gobierno en el que el exfiscal tuvo que estar en medio de una fuerte tensión institucional, y que en palabras del doctor Barbosa fue: “consecuencia de los delirios golpistas de un presidente que se alejó de la institucionalidad y de la Constitución en múltiples oportunidades, y un fiscal que trabajó para impedirlo a toda costa”. Este libro revela y da a conocer a los lectores episodios de los principales hechos que han marcado la historia reciente del país. El testimonio de Barbosa en su libro, según él, “busca demostrar que la defensa de la democracia y los derechos de la ciudadanía, así como la resistencia institucional, son la forma de combatir el autoritarismo, la delincuencia y las nuevas narrativas que pretenden imponer como líderes a quienes llenaron de sangre al país”. El lanzamiento del libro, aparte de ser una biografía del exfiscal, quien narra todo su trasegar y las dificultades que vivió en parte de su infancia y juventud, lleva un mensaje a la juventud: con esfuerzo, dedicación y mérito se puede llegar muy lejos, pero también ha abierto las puertas a detalles de las investigaciones más polémicas que están hoy en manos de la Fiscalía, principalmente alrededor del actual dirigente de Colombia.
Víctimas del conflicto siguen alzando la voz 77 años después del ‘Bogotazo’
Esta jornada conmemorativa se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar y en las 20 direcciones territoriales de diferentes regiones del país, así como en el Congreso de la República. Hoy en Colombia se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, una fecha que enmarca la tragedia del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y el sufrimiento de miles de familias de personas que han fallecido en medio de una guerra que se prolonga día a día. El ‘Bogotazo’; así es llamado uno de los episodios de violencia más extrema que ha vivido el país y el cual marcó un antes y un después en la historia de Colombia. El asesinato de Caudillo liberal desató una ola de protestas y enfrentamientos que exacerbó las divisiones sociales y políticas, llevando al país a una larga era de oscuridad conocida como “La Violencia”. Hoy, después de 77 años, el país continúa marcado por una fuerte polarización y una violencia desmedida en los territorios, donde el conflicto armado ha causado miles de muertos, así como un desplazamiento forzado que mantiene a varias regiones de Colombia confinadas y en situación de pobreza extrema. El 9 de abril es el día establecido para recordarnos en qué estamos fallando como Nación. La Ley 1448 de 2011 estableció en su artículo 142 que “el 9 de abril de cada año se celebrará el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Estos reconocimientos han permitido que las víctimas tengan hoy una cara visible y una amplia representación en la Cámara de Representantes, a través de Jorge Rodrigo Tovar, en una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, mecanismo creado por el Acuerdo de Paz de 2016 que garantizó la representación política de las víctimas en el Congreso de la República. El actual vicepresidente de la Cámara de Representantes es originario de Valledupar, Cesar, y actualmente lidera la articulación legislativa de temas relacionados con la paz y el posconflicto. Jorge Tovar asegura “que no descansará hasta que se logre la reconciliación, la seguridad territorial y el fortalecimiento de la representación política de las comunidades históricamente excluidas, así como su compromiso desde su dignidad de no descansar hasta que se silencien todos los fusiles que siguen asesinando a los colombianos”.
Sector gastronómico en Colombia, asfixiado por impuestos
La guía internacional Taste Atlas ubicó a Colombia en el puesto 25 del ranking mundial de gastronomía, destacando la diversidad de sabores, olores y texturas que reflejan su riqueza cultural. Este reconocimiento, y cientos más, se han visto empañados por una crisis económica que ha afectado al sector de manera devastadora, sobre todo después de una pandemia que destruyó 48 mil establecimientos y 80 mil puestos de trabajo. Los 48 meses siguientes no han sido mejores: el aumento constante de los costos de operación, donde la inflación en este sector duplica la promedio nacional, los márgenes de ingreso y la difícil sostenibilidad de los negocios reflejan la grave situación del sector, que no aguanta una carga impositiva adicional. Desde el semestre anterior, las organizaciones gastronómicas, de bares y restaurantes han estado buscando en el Congreso un alivio vital, el cual está incluido en el artículo 29 del PL 299/24 Cámara, que propone un descuento transitorio del Impoconsumo para contener el cierre de restaurantes, que el año pasado alcanzó los 2.800 establecimientos. Cifra que, aunque no comparable con la situación de pandemia, encendió una alarma. Este impuesto, sumado al aumento en los arriendos, los servicios públicos, el costo de los alimentos, la carga prestacional y los gastos fijos independientes a la venta diaria, ha hecho que los precios se vean reflejados en las cartas para el consumidor final, quienes ya no ven atractivo salir a comer a un restaurante. Pero el sector no solo está asfixiado por los costos; también lo está por los altos niveles de inseguridad, especialmente en las ciudades capitales, donde el crimen organizado no da tregua. A esto, en la capital colombiana, se suma otro factor: los cortes de agua por el plan de racionamiento del distrito, que obliga a los establecimientos a cerrar y cruzarse de brazos en estas fechas. El presidente de ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía, Guillermo Henrique Paris, quien desde distintos sectores y agremiaciones ha luchado por protegerlos, asegura que “si bien el Impoconsumo es necesario para la economía del país, este debe ser suspendido de manera temporal, para evitar enfrentar una ola de cierres y despidos masivos que tendrían consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad colombiana en su conjunto.” La sartén la tienen en las manos el Congreso y el Gobierno Nacional, ya que, de ser aprobado este alivio tributario, los restaurantes podrían oxigenarse y tener una oportunidad para seguir generando empleo y continuar mostrando al mundo las riquezas gastronómicas de nuestro país.
Congreso cita al Gobierno a rendir cuentas por seguridad nacional
La plenaria de la Cámara de Representantes adelantará el primer debate de control político del año, centrado en la crítica situación de orden público que atraviesa actualmente el país. La crisis de orden público en el suroccidente, el Catatumbo, Arauca, Chocó y otras zonas del país ha alcanzado niveles insostenibles. Adicionalmente, el fortalecimiento de grupos armados ilegales, el rompimiento de los diálogos con el ELN y el aumento y expansión de los cultivos ilícitos han puesto de nuevo a Colombia en el ranking de los países más peligrosos del mundo. Por esta razón, los partidos de oposición han citado al Alto Comisionado para la Paz, José Otty Patiño; al nuevo Ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; a la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; al Director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana; al Comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo Mejía; y a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas. Adicionalmente, fueron invitados la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz; el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco; y la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, todos para que expliquen la realidad de la seguridad en el país, cuáles son las medidas para retomar el control de la misma, y cuál es el plan de choque para evitar que se sigan violando los derechos humanos en Colombia, especialmente en la región del Catatumbo. Este debate ya se venía anunciando por la oposición, ya que, según ellos, el Gobierno ha cedido el control territorial a criminales y no hay una política de seguridad para proteger a los colombianos. Uno de los puntos más sensibles del debate serán las explicaciones que debe dar el Gobierno Nacional a la citación del representante a la Cámara Duvalier Sánchez, del Partido Verde, quien actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos y coordina la comisión accidental para el seguimiento al estado de Conmoción Interior, la cual ha hecho un reclamo fuerte sobre el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento que hoy tiene a más de 20 mil niños en esta condición, especialmente en el Catatumbo.
Se radica ante el Congreso la Reforma al sistema Penal para Adolescentes
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, radicaron ante el Senado el proyecto de reforma 416 de 2024, que busca fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. Este importante proyecto que contiene 101 artículos tiene como objetivo que los jóvenes que cometen delitos puedan reintegrarse a la sociedad sin estigmatización. El texto radicado tiene propuestas enfocadas a implementar una justicia restaurativa y terapéutica, promover la maduración y responsabilidad social de los jóvenes, considerar las particularidades de cada individuo, educar y reintegrar a los jóvenes en sus comunidades y ampliar las medidas no privativas de la libertad. El ICBF, en cabeza de su directora Astrid Cáceres, impulsan esta reforma buscando una justicia restaurativa que permita reparar el daño a la sociedad garantizando que los jóvenes infractores puedan reintegrarse sin estigmatización. Actualmente en Colombia hay más de 7.000 adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal, y un alto porcentaje de ellos proviene de entornos vulnerables, los cuales al no tener oportunidades reinciden y su proceso de reintegración social es más complejo. Por esta razón, esta reforma propone medidas restaurativas que le permitan a los adolescentes una reparación del daño a las víctimas, participación en programas educativos, y mejores oportunidades laborales con el principal objetivo de la construcción de un futuro productivo y que permite al adolescente comprender el impacto de sus acciones asumiendo compromisos de reparación concretos.
20 mil indígenas llegarán en los próximos días a Bogotá
Diversas comunidades indígenas han iniciado una convocatoria de movilización nacional con el propósito de hacer escuchar sus demandas ante las autoridades. Comunidades indígenas provenientes principalmente de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo se están movilizando hacia Bogotá con el objetivo de entablar un diálogo con el Gobierno Nacional. Así mismo, buscan defender las reformas sociales y reafirmar su respaldo a la consulta popular, que será radicada próximamente ante el Senado de la República. Sin embargo, un grupo de alrededor de 800 indígenas llegó a la Plaza de Bolívar con la intención de dialogar directamente con el presidente de la República, especialmente para manifestar su preocupación por las dificultades de seguridad en el Cauca, donde se encuentran los principales resguardos indígenas del país. Desde las 7:00 a. m., los líderes de estas comunidades estarán reunidos en la Casa de Nariño para ultimar detalles sobre este encuentro nacional, que aún no tiene un lugar oficial definido. Mientras tanto, desde hace dos días, un grupo numeroso de indígenas permanece en la Plaza de Bolívar exigiendo la presencia del presidente Gustavo Petro. Para ampliar esta información, nos acompaña el representante a la Cámara por la circunscripción territorial del Cauca, perteneciente al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y consejero mayor del CRIC, Ermes Evelio Pete, quien explicará lo que está ocurriendo en la capital. Esta movilización hace parte de la Gran Minga Indígena, una expresión de organización comunitaria basada en la tradición ancestral del trabajo colectivo. La palabra ‘minga’ proviene del quechua minka y hace referencia a una práctica precolombina de cooperación con el propósito de generar bienestar colectivo.
Plenaria de Cámara dijo “SÍ” a erradicar la Mutilación Genital Femenina en Colombia
La mutilación genital femenina es una práctica nociva que ha afectado a miles de mujeres en el mundo, especialmente en países de África, algunos estados árabes y, en Colombia, dentro de ciertas comunidades indígenas. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos 230 millones de mujeres en el mundo han padecido esta práctica, que está dividida en cuatro tipos: TIPO 1: Eliminación parcial o total del glande del clítoris (la parte externa y visible del clítoris, que es la parte sensible de los genitales femeninos) y/o del prepucio/capuchón del clítoris (pliegue de piel que rodea el glande del clítoris). TIPO 2: Resección parcial o total del glande del clítoris y los labios menores (pliegues internos de la vulva), con o sin escisión de los labios mayores (pliegues cutáneos externos de la vulva). TIPO 3: Estrechamiento de la abertura vaginal, que se sella procediendo a cortar y recolocar los labios menores o mayores, a veces cosiéndolos, con o sin resección del prepucio/capuchón del clítoris y el glande del clítoris (también conocido como infibulación). TIPO 4: Cualquier otro procedimiento lesivo de los genitales femeninos con fines no médicos, como la punción, la perforación, la incisión, el raspado o la cauterización de la zona genital. El Congreso de la República aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 018 de 2024, de autoría de las representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Alexandra Vásquez y Carolina Giraldo, cuyo objetivo es prevenir, atender y erradicar este flagelo en el país. La existencia de la ablación o mutilación genital femenina en Colombia se desconocía hasta 2007, cuando dos niñas emberá murieron por esta causa y la prensa hizo seguimiento al caso. Este proyecto fue construido de manera conjunta entre congresistas, organizaciones, universidades, el Ministerio del Interior, académicos y organizaciones sociales. También contó con una participación especial de mujeres de la comunidad emberá, quienes respaldan la iniciativa y buscan transformar esta práctica. La mutilación genital femenina genera riesgos inmediatos como hemorragias, infecciones, dolor extremo e incluso la muerte. A largo plazo, puede derivar en complicaciones obstétricas, disfunciones sexuales y trastornos psicológicos graves, como estrés postraumático y depresión. Además, limita el acceso a una vida plena y saludable, perpetuando la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 53 casos en Colombia en 2024. Sin embargo, testimonios recogidos por las ponentes del proyecto afirman que no hay un registro real, debido a que esta práctica se maneja de manera sigilosa dentro de las comunidades indígenas. El proyecto establece una política pública nacional con enfoque en comunidades indígenas, además de una coordinación jurisdiccional con autoridades para modificar normas internas. También contempla campañas de sensibilización y protocolos para el manejo médico.
Sector Gremial agropecuario prende las alarmas frente a la resolución del Ministerio de Agricultura
La Resolución 52 de 2025 del MinAgricultura regula la inspección y control sobre gremios agropecuarios. Los congresistas Paloma Valencia y Christian Garcés la califican de inconstitucional, señalando que vulnera la libertad de asociación y agremiación. El representante a la Cámara Cristhian Garcés Munir considera que la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas, podría estar incurriendo en prevaricato al asumir funciones que, según él, corresponden al Congreso de la República. Desde el sector agro, algunas voces han señalado que la resolución en cuestión podría implicar que quienes se opongan a la agenda del Gobierno sean removidos de sus cargos y que empresas puedan ser sancionadas con multas que afectarían su viabilidad financiera. También advierten que el trámite sancionatorio sería de instancia única, sin posibilidad de apelación. El Ministerio de Agricultura respondió a estas afirmaciones mediante un comunicado de prensa en el que argumentó que: “El Congreso de la República aprobó la Ley 2219 del 30 de junio de 2022, sancionada por el entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez, asignando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las funciones de inspección, vigilancia y control, y definió que se entendería por asociación campesina: ‘aquella organización de carácter privado, sin ánimo de lucro constituida o que se constituya por campesinos’; y como asociación agropecuaria a una: ‘persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por pequeños o medianos productores…’. Esta ley también asignó la función de IVC a las Secretarías de Gobierno Municipales y/o Distritales.”
Noticia en desarrollo: comienza el debate político contra Laura Sarabia
La cartera ha estado liderada por tres personas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, iniciando por Álvaro Leyva, seguido por el exembajador Luis Gilberto Murillo, y finalmente la recién nombrada Laura Camila Sarabia Torres. Entre el segundo semestre del 2023 y lo transcurrido 2025 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes han elevado 8 citaciones a debates de control político a los diferentes ministros de Relaciones Exteriores, debates en los cuales los interrogantes han girado sobre temas de palpitante actualidad sobre los procesos que lidera este despacho ministerial y los cuales han sido objeto de críticas, problemáticas y observaciones por parte de actores institucionales y sociales. La cartera ha estado muy cuestionada por las diferentes crisis diplomáticas, el mal manejo de los trámites migratorios y la contratación sobre pasaportes. Los representantes citantes esperan respuestas sobre la situación de migración irregular por el denominado Tapón del Darién, el nuevo proceso para la elaboración de pasaportes en Colombia, el diferendo en Colombia y Nicaragua, la ejecución presupuestal de la Cancillería, el nombramiento de personal diplomático sin el lleno de requisitos, los altos costos de la casa Colombia en Davos, y la crisis diplomática con Israel. Así mismo se citó a Migración Colombia para que responda sobre los controles a migrantes, las deficiencias en el aeropuerto el Dorado, y los graves problemas en la inadmisión de colombianos en México. Dentro de las preguntas hechas a la canciller están: ¿Qué estrategias implementará para reactivar el diálogo diplomático con Nicaragua y resolver las disputas territoriales en el Caribe? ¿Cómo planea la Cancillería abordar la redefinición de las relaciones diplomáticas con Venezuela y Estados Unidos bajo la dirección de Laura Sarabia? También ¿De qué manera la Cancillería está manejando las tensiones comerciales con Estados Unidos tras la imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno de Donald Trump? Algunas de las respuestas dadas por la cartera Ministerial no fueron claras frente a lo preguntado, razón por la cual la representante de Cambio Radical Luz Ayda Pastrana preguntó si era necesario utilizar un polígrafo para que contestara. A esta hora el debate transcurre con la intervención de los congresistas de diferentes bancadas. Se esperan las respuestas de la Canciller. Noticia en desarrollo…
Nuevos requisitos para permisos y registro de armas en Colombia
El Congreso avanza en una nueva ley para actualizar la regulación del porte de armas de fuego y fortalecer la protección del derecho a la seguridad personal de los ciudadanos. Esta ley, aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, define los nuevos parámetros bajo los cuales el Gobierno Nacional puede suspender los permisos para el porte y tenencia de armas de fuego. Esto incluye situaciones de emergencia, riesgos para la seguridad pública y otros criterios específicos que justifiquen la necesidad de limitar temporalmente el acceso a las armas. De esta manera, se pretende no solo mantener un equilibrio entre el derecho individual a la seguridad y la necesidad de preservar el orden público, sino también fortalecer las medidas preventivas contra el uso ilegal de armas de fuego. El articulado de esta nueva ley propone: Aplicar multas a los usuarios con armas no registradas adecuadamente y exigir que todas las armas legales sean inscritas en el Sistema de Identificación Balística Civil. Ampliar el derecho a portar armas a todos los miembros de la Fuerza Pública, no solo a oficiales y suboficiales. Establecer la vigencia de los permisos de tenencia de armas, optimizando la organización de las seccionales de control de armas y permitiendo a los servicios de vigilancia privada usar permisos por hasta tres meses sin cambio. Definir condiciones específicas para la suspensión de permisos de armas. Actualizar la normativa sobre los requisitos para la venta de explosivos. Corregir errores en la ley actual sobre multas por permisos vencidos. Mejorar el manejo de armas decomisadas, asegurando su adecuada disposición por parte del Comando General de las Fuerzas Militares. La protección de la seguridad personal y el porte de armas son temas que han generado un intenso debate a nivel mundial. Mientras algunos argumentan que permitir a los ciudadanos portar armas mejora su capacidad de defensa y, por ende, su seguridad personal, otros sostienen que el incremento de armas en circulación puede aumentar los niveles de violencia y criminalidad.
