El paro minero que afecta las vías del nordeste y Bajo Cauca antioqueño sigue este lunes 31 de marzo, con bloqueos intermitentes en puntos estratégicos y sin acuerdo con el Gobierno Nacional. Los manifestantes, conformados por pequeños y medianos mineros de los municipios de Segovia, Remedios, Tarazá, El Bagre y Caucasia, han presentado un pliego de nueve peticiones, entre las que destaca una que ha generado polémica: exigen que se prohíba la destrucción de maquinaria amarilla en los operativos contra la minería ilegal. Los líderes del paro aseguran que la incineración de retroexcavadoras, volquetas y dragas afecta directamente el sustento de miles de familias que viven de la actividad minera, y piden una política de diálogo antes que una estrategia punitiva. La protesta, que ya completa más de cinco días, ha provocado afectaciones en la movilidad, el transporte de alimentos y el abastecimiento de combustibles en varias poblaciones, según reportó la Gobernación de Antioquia y el Comité Departamental de Gestión del Riesgo. El pliego de exigencias también incluye la suspensión de operativos mientras se da una formalización de la actividad minera, garantías jurídicas para los pequeños productores, acceso a bancarización y créditos, y la inclusión en la Mesa Nacional de Concertación Minera. Sin embargo, el Gobierno ha reiterado que no negociará bajo presión y que el control a la minería ilegal se mantendrá, incluyendo la destrucción de maquinaria que no cuente con permisos ambientales ni de uso del suelo. Delegados del Ministerio del Interior y del Ministerio de Minas han intentado instalar mesas de diálogo en Medellín y Caucasia, pero hasta ahora no se ha logrado la participación total de los voceros del paro. Organizaciones ambientales han criticado la petición relacionada con la maquinaria amarilla, señalando que muchos de esos equipos operan dentro de reservas naturales y fuentes hídricas sin ningún control técnico o ambiental, generando daños irreversibles.
Carlos Lehder alega vencimiento de términos y libertad inmediata
Carlos Lehder, ex capo del cartel de Medellín y exconvicto por narcotráfico en EE. UU., enfrenta un proceso legal tras la acción de hábeas corpus presentada por su defensa el 30 de marzo de 2025. La abogada Sandra Mcollins argumentó que las órdenes de captura vigentes se basan en una sentencia de 1995 que no fue prorrogada, y que su cliente permanece detenido desde hace más de 72 horas sin audiencia de legalización de captura. El recurso fue presentado ante un juez de ejecución de penas, quien deberá evaluar si la condena por tráfico de armas aún tiene efectos jurídicos o si ya ha prescrito. Mcollins denunció además serias irregularidades en el proceso de detención, incluyendo la falta de acceso a su defendido y la omisión de los derechos fundamentales que le corresponden por ley. “No ha podido ejercer su defensa y no se le ha garantizado el debido proceso”, afirmó ante medios nacionales. La defensa también anunció que buscará el respaldo de la Embajada de Alemania, dado que Lehder cuenta con doble nacionalidad, colombiana y alemana, lo que podría influir en su tratamiento judicial en el país. Mcollins advirtió que su cliente ha cumplido una condena de más de 33 años en prisión y considera que “ya es hora de pasar la página” tras haber pagado su deuda con la justicia. Lehder fue extraditado a Estados Unidos en 1987 y condenado a 135 años, sentencia que fue reducida tras colaborar con las autoridades en el juicio contra Manuel Noriega. Fue liberado en 2020 y trasladado a Alemania bajo acuerdo bilateral. En Colombia aún figura una condena por tráfico de armas, aunque su vigencia es ahora objeto de debate judicial. La audiencia clave fue programada para este lunes 31 de marzo en Bogotá, y la decisión del juez podría tener consecuencias jurídicas relevantes sobre la interpretación de términos, sentencias antiguas y los derechos de personas que ya purgaron penas en el exterior.
Explosión provoca incendio en bodega de Sibaté
Los Bomberos de Cundinamarca atendieron un incendio en una bodega de reciclaje ubicada en la vereda Chaguas, en Sibaté. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca acudió rápidamente al lugar y logró controlar las llamas, evitando su propagación a áreas cercanas. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni heridos, aunque la bodega sufrió daños materiales significativos. Las causas del incendio están siendo investigadas por las autoridades competentes. Este incidente se suma a otros similares ocurridos recientemente en la región. En enero de 2025, un incendio forestal afectó más de 17 hectáreas en la vereda San Benito, sector El Jazmín, también en Sibaté, causando daños a la vegetación y a infraestructuras eléctricas. Por su parte, la Alcaldía de Sibaté informó que estará de manera permanente en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la vereda Chaguas, donde se realizará seguimiento continuo a la situación, evaluando impactos y garantizando la prestación segura de servicios como gas y energía eléctrica, sin poner en riesgo a la comunidad. Las autoridades locales hacen un llamado a la comunidad para que informe sobre cualquier actividad sospechosa o situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias similares. Se recuerda a la población la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad y mantener la vigilancia en zonas propensas a incendios. En la mañana del 28 de marzo de 2025, un incendio se desató en una bodega de reciclaje ubicada en la vereda Chaguas, municipio de Sibaté, Cundinamarca. Vecinos de la zona reportaron una fuerte explosión en el interior de la instalación, lo que alertó a las autoridades locales.
Distrito abre convocatoria para 487 prácticas laborales en 30 entidades públicas de Bogotá
Hasta el 11 de abril, estudiantes técnicos, tecnólogos y profesionales podrán postularse a través del portal del Servicio Civil Distrital. En el marco de la estrategia “Tu Experiencia Empieza Aquí”, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) abrió la convocatoria para proveer 487 plazas de práctica en 30 entidades públicas de Bogotá. Esta iniciativa, que estará vigente hasta el próximo 11 de abril, busca brindar oportunidades de formación y experiencia profesional a jóvenes que deben cumplir con prácticas, pasantías o judicaturas como requisito académico. La convocatoria está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios que cursen carreras en áreas como administración pública, derecho, ingeniería, comunicación social, gestión documental, contaduría, entre otras. Los postulantes deberán contar con la carta de presentación de su institución educativa y diligenciar el formulario de inscripción en el sitio web www.serviciocivil.gov.co, donde también encontrarán el listado completo de entidades participantes, perfiles requeridos, duración de la práctica y detalles del auxilio económico asignado. Entre las entidades participantes se destacan la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), entre otras. El programa busca que los jóvenes vivan un entorno laboral real en el sector público, desarrollando habilidades prácticas y contribuyendo con ideas innovadoras para el funcionamiento de las entidades. Esta estrategia está alineada con el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, en su objetivo 5: “Bogotá Confía en su Gobierno”, que establece metas en inclusión laboral juvenil y prácticas profesionales. Los estudiantes seleccionados recibirán un auxilio económico mensual y contarán con el acompañamiento de tutores en cada entidad. “Los seleccionados recibirán acompañamiento de tutores en cada entidad y un auxilio económico mensual”, indicó una vocera del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).
Nuevo Ministro de Hacienda propone reforma tributaria y eliminación de subsidio al ACPM
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno Nacional evalúa presentar una nueva reforma tributaria y eliminar el subsidio al ACPM para vehículos de alta gama. El ministro también señaló que se está analizando el impacto de los beneficios tributarios otorgados en reformas anteriores y el comportamiento de la evasión y elusión fiscal. Aunque no especificó fechas ni detalles, indicó que el debate incluirá al Congreso, al sector productivo y a la ciudadanía en general. En cuanto al subsidio al ACPM, Ávila anunció que el Gobierno planea eliminarlo para ciertos sectores, especialmente para propietarios de vehículos de alta gama. “No tiene sentido que el Estado siga financiando el combustible de camionetas de lujo; los subsidios deben focalizarse en quienes realmente los necesitan”, declaró. Esta medida afectaría aproximadamente al 25% de los vehículos que utilizan diésel en Colombia, resultando en un aumento significativo en el precio del combustible para estos usuarios. El subsidio al ACPM ha representado una carga considerable para las finanzas públicas. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en 2023, tres de cada cuatro pesos del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) se debieron al subsidio de este combustible, evidenciando su alto impacto fiscal. La posible eliminación del subsidio ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores consideran que es una medida necesaria para la sostenibilidad fiscal y la equidad, otros advierten sobre posibles incrementos en los costos de transporte y bienes de consumo. El Gobierno ha iniciado diálogos con representantes del sector transporte para abordar estas inquietudes y buscar soluciones que minimicen el impacto en la economía. Ávila destacó que el país enfrenta desafíos fiscales significativos y que la reforma buscará garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin perjudicar a los sectores más vulnerables. “Estamos realizando una revisión integral. No se trata de aumentar por aumentar, sino de redistribuir mejor”, afirmó el ministro.
Terremoto sacude Myanmar y Tailandia
Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes 28 de marzo de 2025 la región de Mandalay, en Myanmar (Birmania), dejando al menos 3 muertos y decenas de heridos, según fuentes oficiales. El epicentro se localizó a unos 17 kilómetros de la ciudad, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, lo que intensificó los daños. El sismo también se sintió con fuerza en Bangkok, Tailandia, a más de 1.000 kilómetros de distancia. En Mandalay, colapsaron varios edificios de cinco pisos y se reportó la destrucción parcial del histórico Palacio Real y del puente Ava. Diez personas murieron en el derrumbe de una mezquita, mientras que los hospitales colapsaron ante la alta demanda de atención. En Sagaing, un puente fue completamente destruido, dificultando el acceso de los equipos de emergencia. Las autoridades birmanas declararon el estado de emergencia en varias regiones, incluyendo Naypyidó, y solicitaron ayuda internacional. En Bangkok, el temblor causó el colapso de un rascacielos en construcción, dejando atrapados a más de 40 trabajadores. La Bolsa de Valores suspendió operaciones y las autoridades tailandesas también decretaron alerta máxima. Al menos tres personas fallecieron en la capital tailandesa, mientras se intensifican las labores de rescate. El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó su disposición a apoyar las labores humanitarias. Según expertos, este es uno de los terremotos más intensos registrados en la región en años, producto de la interacción entre las placas tectónicas india y euroasiática. La falta de infraestructura sismo-resistente agrava la emergencia, en una zona marcada además por conflictos internos y escasa preparación para este tipo de desastres.
Estados Unidos advierte a Venezuela: atacar a Guyana sería un “gran error”
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos mantiene compromisos firmes con Guyana y está preparado para responder ante cualquier amenaza. La advertencia surge en medio de crecientes tensiones por el Esequibo, una región de 160.000 km² rica en recursos naturales que Venezuela reclama como suya. Actualmente, el área es administrada por Guyana, y el conflicto se ha intensificado tras el anuncio de elecciones regionales en mayo para designar un gobernador en ese territorio. Rubio también confirmó la firma de un memorando bilateral para reforzar la cooperación en seguridad con Guyana. “Las amenazas regionales se basan en reclamos territoriales ilegítimos de un régimen narcotraficante”, señaló, y advirtió sobre consecuencias ante cualquier acción agresiva de Caracas. Aunque evitó detallar una posible respuesta militar, subrayó que Estados Unidos “tiene una Armada grande que puede llegar a cualquier parte del mundo”. Por su parte, el presidente Irfaan Ali agradeció el respaldo de Washington y destacó que la alianza con EE. UU. es clave para la defensa de la soberanía guyanesa. “Nuestra colaboración con EE. UU. es vital para garantizar la democracia y el respeto al estado de derecho en esta región”, indicó.
Colombia y Estados Unidos firman acuerdo de cooperación en seguridad y migración
El acuerdo busca mejorar la seguridad regional y garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. El jueves 27 de marzo de 2025, la canciller de Colombia, Laura Sarabia, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmaron en Bogotá una carta de intención para implementar un programa de intercambio de datos biométricos. El documento fue suscrito en la sede de la Cancillería colombiana durante la visita oficial de Noem. En la ceremonia, Sarabia destacó que el acuerdo permitirá “establecer medidas específicas, realistas y efectivas, que garantizan al mismo tiempo la consolidación de nuestra relación con los EE. UU. y el respeto por los derechos humanos de los migrantes”. Noem, por su parte, resaltó la importancia de la cooperación bilateral en seguridad y migración, señalando que el intercambio de información biométrica contribuirá a “detener delincuentes” en las fronteras e interrumpir el tráfico ilegal de migrantes en el hemisferio occidental. Este acuerdo hace parte de una estrategia regional para gestionar los flujos migratorios y fortalecer la seguridad en el continente. La visita de Noem a Colombia es parte de una gira por Latinoamérica que incluye a El Salvador y México, con el propósito de tratar estos temas. La firma de la carta de intención establece una hoja de ruta para la cooperación entre ambos países en materia migratoria y de seguridad, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales.
Petro advierte que no pagará deudas de las EPS
El presidente afirmó este 25 de marzo que el Gobierno no asumirá las deudas de las EPS y que aquellas que no cumplan con sus obligaciones podrían ser liquidadas según la normativa vigente. El pronunciamiento se dio en el contexto de la crisis por la demora en la entrega de medicamentos, que afecta a miles de pacientes en todo el país. Petro afirmó que el modelo actual ha fallado al permitir que privados manejen el sistema de salud con fines financieros, dejando sin medicamentos a personas con condiciones críticas. En su intervención, mencionó casos de niñas y adultos mayores sin acceso a tratamientos esenciales, y acusó a las EPS de “no girar los recursos que les entrega el Estado para la atención de la población”. Aseguró además que el Gobierno avanzará en una transformación estructural del sistema, empezando por revisar los contratos y el flujo de recursos. Las declaraciones generaron reacciones inmediatas. María Fernanda Gutiérrez, directora de la Asociación de Empresas de Medicina Integral (ASEMI), señaló que la crisis debe resolverse con responsabilidad compartida y no con medidas punitivas generalizadas. “Hay EPS que han cumplido con sus funciones pese a las restricciones financieras. Lo que se necesita es una solución técnica y dialogada, no una condena colectiva”, dijo Gutiérrez. En los últimos meses, se han multiplicado los reportes de pacientes que no reciben a tiempo medicamentos vitales, especialmente en enfermedades de alto costo como cáncer, epilepsia y diabetes. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 aumentaron las quejas por desabastecimiento en zonas rurales y en ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla. La Procuraduría General de la Nación también pidió al Ministerio de Salud tomar medidas urgentes para garantizar el derecho fundamental a la salud. El Gobierno ha señalado a operadores logísticos y distribuidores farmacéuticos como parte del problema, al denunciar que algunas empresas habrían retenido medicamentos en bodegas, lo que agravó la crisis. El presidente Petro calificó esta situación como “vagabundería” y la comparó con mecanismos utilizados en otros países para debilitar gobiernos mediante la escasez inducida. La Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido más de 10 EPS en los últimos tres años, pero los resultados siguen siendo limitados. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reiterado que el Gobierno está comprometido con una reforma que privilegie el acceso y la calidad del servicio, por encima de la rentabilidad del modelo actual.
Petro exige que comunidades del Urabá sean socias del nuevo puerto en la región
Desde Turbo, Antioquia, el presidente Gustavo Petro llamó este 26 de marzo a que las comunidades del Urabá sean socias y beneficiarias del nuevo puerto que se construirá en la región, destacando su impacto en el desarrollo local. El mandatario señaló que este megaproyecto no puede reproducir los errores cometidos en otros puertos del país, donde, pese al alto flujo de riqueza, las poblaciones cercanas siguen sumidas en la pobreza y el abandono estatal. “Las comunidades, los municipios que se van a beneficiar con el puerto, o deben beneficiarse con el puerto, solo serán beneficiarios si reciben parte de las utilidades del puerto nuevo que se va a hacer para todos los municipios de ustedes y para las comunidades de la región”, afirmó Petro durante su intervención. En su discurso, comparó la situación con la de Buenaventura, donde, según el mandatario, la infraestructura sirve para el transporte de mercancías millonarias, mientras los habitantes carecen de agua potable, educación de calidad y espacios deportivos adecuados. En ese sentido, el presidente ordenó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) asegurar que la construcción del puerto en Urabá se haga cumpliendo con los principios de consulta previa y diálogo con las comunidades. Petro enfatizó que no permitirá que se desconozca al pueblo del Urabá en el desarrollo de este proyecto, como ha ocurrido en otras regiones del país. “Aquí no se nos va a desconocer el pueblo de Urabá, porque nos va a pasar lo de Buenaventura”, advirtió. Además de su llamado sobre el puerto, el jefe de Estado se refirió a la necesidad urgente de construir acueductos en la región. Anunció que solicitará la creación de una mesa técnica con los alcaldes del Urabá y el gobernador de Antioquia para coordinar un fondo común destinado a financiar los sistemas de agua potable. El evento en el que se dieron estas declaraciones fue la apertura de los I Juegos Fronterizos, una iniciativa que busca promover la integración y el desarrollo deportivo entre los departamentos de Antioquia y Chocó, especialmente en territorios históricamente excluidos. La ministra del Deporte, presente en el acto, destacó que el objetivo es “llevar el deporte donde históricamente no ha llegado el Estado” y generar procesos de inclusión desde lo local. La intervención del presidente fue recibida con atención por parte de líderes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales que han reclamado durante años una mayor participación en los proyectos de gran escala que afectan su territorio. Las decisiones que se tomen respecto al puerto de Urabá serán determinantes para el desarrollo económico de la región y para corregir las desigualdades históricas que persisten en esa zona del país.
