El representante legal de la Unión Temporal tendrá que pagar una multa por más de $7.000 millones y será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas
Un juez con función de conocimiento de Bogotá condenó a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, a 52 meses de cárcel, por su participación en el escándalo de corrupción de los centros digitales, durante el gobierno del presidente Iván Duque.
El preacuerdo suscrito entre Duque y la Fiscalía fue avalado por el juez. En el documento, el representante legal de Centros Poblados aceptó su responsabilidad por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros.
En 2020, Centros Poblados fue elegida por el Ministerio de las TIC, en cabeza de Karen Abudinen, para la creación de 7.000 centros digitales en zonas rurales del país, para adjudicar el contrato a la Unión Temporal, Duque presentó documentación falsa en el proceso de licitación y logró recibir un anticipo de $70.000 millones.
Según el fallo, Luis Fernando Duque es responsable por haber falsificado tres documentos de la garantía bancaria del acuerdo público y, además, por apropiarse “en provecho de terceros por el valor de $15.244.952.946, esto en favor de Emilio Tapia Aldana (implicado en el carrusel de la contratación en Bogotá), y Juan Ángel Cáceres Bayona (propietario de la empresa Nuovo Security LLC, que hacía parte de la UT Centros Poblados), dinero que correspondía al anticipo del contrato”
En la sentencia, el condenado, en un plazo de 12 meses, tendrá que pagar una multa por más de $7.000 millones y será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de su condena en prisión.
Tras la determinación, el juzgado ordenó al INPEC, realizar el traslado inmediato de Duque a la cárcel que designe, “teniendo en cuenta que se encuentra con medida de aseguramiento en su lugar de residencia en Puerto Colombia, Atlántico”, también se deberá descontar de la pena el tiempo que el representante legal de Centros Poblados estuvo privado de la libertad en este proceso.