El debate sobre el decreto que fija el día cívico para entidades nacionales adscritas a la rama ejecutiva, emitido por el presidente Gustavo Petro, ahora se traslada al campo legal.

El abogado constitucionalista Germán Calderón España ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado impugnando el decreto 0500 del 18 de abril de 2024. Calderón argumenta que el Gobierno no tiene competencia para establecer este día cívico, ya que debería modificarse la Ley 51 de 1983, expedida por el Congreso de la República.

Según Calderón, la implementación de un día festivo de carácter civil por decreto viola el principio de legalidad y constituye una reserva legal. Además, hace referencia a determinaciones previas del Consejo de Estado sobre los límites y competencias de las autoridades estatales.

La demanda solicita al Consejo de Estado la nulidad simple del decreto 0500 del 18 de abril y la expedición de medidas cautelares para la suspensión provisional de sus efectos jurídicos, hasta que se decida sobre su legalidad.

La demanda ha sido dirigida contra la Presidencia de la República y varios ministerios, incluyendo Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Interior, Educación Nacional y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional.