La Fiscalía anunció la imputación de cargos a 24 militares del Ejército, señalados de participar en la masacre de 11 civiles en el caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, en Putumayo, en hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022.

Los uniformados, implicados en la investigación, adelantaron un operativo militar para ubicar a alias Bruno, líder de la estructura ‘Comandos Defensores de Frontera’, de las disidencias, sin embargo, según el ente acusador, pese a que los miembros de la Fuerza Pública sabían que el señalado no estaba en la zona, dispararon contra los habitantes de la vereda durante cerca de dos horas.

“Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que ‘Bruno’ no estaba en la zona, unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico N°3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal”, indicó la fiscalía.

La acción militar contra los pobladores del caserío fue justificada por los militares, tras reportar un combate contra un grupo armado organizado de la zona.

Ante los hechos, un fiscal especializado contra las violaciones a los DD. HH. presentó, ante un juez de Puerto Leguizamo, a los 24 uniformados por los delitos de homicidio en personas protegidas y homicidio en persona protegida tentado.

En la audiencia, que fue reservada porque dos menores de edad perdieron la vida en la masacre, los militares no aceptaron los cargos.