Se abre la discusión frente a la Ley de Financiamiento que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República.
En el proyecto que fue radicado ante el Congreso, se exponen varios aspectos importantes que claramente no tocan el bolsillo de las clases populares y la denominada clase media en sus tres divisiones.
El objetivo es la reducción progresiva de impuestos a personerías jurídicas y la promoción de sectores estratégicos como el turismo y las energías limpias, factores que consolidarán la reactivación sostenible de la economía.
En primer lugar, se propone una disminución del 35% al 27% de manera gradual sobre la tarifa de renta corporativa, esto con el ánimo de promover la industria nacional con excepción de sectores como el carbón y el petróleo.
Como parte de los compromisos del paro de transportadores, se propone una extensión de la reducción del IVA para renovación del parque automotor de transporte público y de carga.
Así mismo, quienes más contaminan más pagarán, con lo cual se aumenta el impuesto de carbono de 25.000 a un 75.000 por tonelada de CO2. Los vehículos eléctricos seguirán con un 5% de IVA, mientras los híbridos aumentarán a un 19%.
Por último, el Gobierno Nacional propone adelantar el cumplimiento de la regla fiscal del 2026 al 2025 e incorporar una “regla fiscal verde” con el propósito de acceder a créditos que financien iniciativas ambientales.