Estados Unidos decidió aliviar las sanciones al sector petrolero, gas y oro de Venezuela en respuesta a un acuerdo político entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición. Dicho pacto compromete a la administración del vecino país a celebrar elecciones en 2024.

En paralelo, se liberaron cinco presos políticos venezolanos: el exdiputado Juan Requesens, acusado de conspirar en un ataque con drones contra Maduro, el periodista Roland Carreño, allegado al opositor Juan Guaidó, el estudiante universitario Marco Garcés Carapaica, apresado por ir en un vehículo con un exmilitar estadounidense, la activista Mariana Barreto y la exsecretaria del Ministerio de Defensa Eurinel Rincón.

Adicionalmente, Washington exige la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela, así como de todas las personas apresadas por ejercer oposición política.

El alivio en cuanto a petróleo y gas es temporal, durante medio año, y se prevé renovarlo si Maduro cumple su palabra. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también permite operaciones financieras con bancos venezolanos bloqueados, producción, extracción, venta y exportación de hidrocarburos, suministro de bienes y servicios, pago de facturas, nuevas inversiones en el sector, y entrega de petróleo y gas para pagar deudas gubernamentales.

La comunidad internacional aplaude los acuerdos alcanzados entre el régimen venezolano y la oposición, que representan un avance significativo en las negociaciones después de un año de inactividad en la mesa de diálogo.

Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en coordinación con ICE y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, facilitó el primer vuelo chárter a Venezuela como parte de vuelos de expulsión rutinarios. El DHS continúa haciendo cumplir las leyes de inmigración y reforzando las consecuencias para quienes cruzan ilegalmente la frontera.