En la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una denuncia, por prevaricato por acción y abuso de función pública, en contra de los magistrados de la Sala de Consultas del Consejo de Estado, tras la decisión de Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación al presidente Gustavo Petro por irregularidades en su campaña a la presidencia. 
En el documento afirman que el alto tribunal no es la entidad competente para destrabar el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara para investigar al mandatario, teniendo en consideración que el Consejo de Estado puede resolver estos conflictos únicamente entre entidades de tipo administrativo; no obstante, la Comisión de Acusación es una instancia judicial.
“Los magistrados denunciados se abrogaron competencia para decidir la autoridad que debía conocer un procedimiento sancionador contra el actual presidente de la república. Sin embargo, esa competencia abrogada se dio desconociendo algo evidente, esto es, que la labor de la Comisión de Acusación no es administrativa, sino judicial o jurisdiccional”, señala la demanda. 
Además, en el texto se argumenta que “no es posible aceptar que se desconociera tan evidente situación, ya que no es desconocido y de hecho se encuentra establecido en la ley. Si ello es así, como en efecto lo es, no podían los magistrados denunciados, simplemente aducir que el CNE estaba tramitando un proceso administrativo y ello los facultaba a dirimir el conflicto”.  
En la querella piden que se adelante una inspección judicial a las oficinas de los magistrados Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y Jhon Jairo Morales, que hacen parte de la Sala de Consultas del tribunal. Asimismo, solicitan la declaración de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El expediente fue asignado al representante investigador Leonardo Gallego, actual presidente de la Comisión de Acusación.