La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) iniciará un operativo de control en más de 27.000 establecimientos comerciales que aún no expiden factura electrónica de manera regular. De no corregir las inconsistencias, se podrían imponer sanciones severas, incluyendo el cierre de los negocios
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) comenzará hoy un operativo nacional para verificar el cumplimiento de la obligatoriedad de la factura electrónica en más de 27,000 establecimientos comerciales que han sido identificados por la entidad como incumplidores. Un total de 2,300 funcionarios de la DIAN recorrerán los principales corredores comerciales del país para realizar esta tarea de inspección.
La medida responde a la necesidad de garantizar que todos los comerciantes expidan factura electrónica en cada transacción, como lo establece la normativa fiscal vigente. La DIAN ha detectado a través de su monitoreo constante que algunos establecimientos presentan bajas en la rotación de la expedición de facturas electrónicas, lo cual está siendo evaluado en relación con el comportamiento de sus ventas y servicios.
Este operativo hace parte de la estrategia institucional denominada "Al día con la DIAN, le cumplo al país", cuyo principal objetivo es orientar a los comerciantes sobre la importancia de cumplir con la normativa fiscal. Según Cecilia Rico Torres, directora de gestión de impuestos de la DIAN, se busca asegurar que todos los comerciantes expidan factura electrónica de manera obligatoria, sin excepciones.
La información recopilada se procesa y consolida por cada dirección seccional de la DIAN, lo que permite generar un informe detallado sobre los establecimientos que no están cumpliendo con la norma. Este informe incluye indicadores clave, como la cantidad de facturas electrónicas emitidas en relación con el número de ventas realizadas y otros datos obtenidos de las declaraciones fiscales.
En caso de encontrar que un establecimiento no está cumpliendo con la ley, se tomarán las medidas pertinentes. Si el incumplimiento persiste, las sanciones pueden ir desde multas hasta el cierre temporal o definitivo del establecimiento.