Con más de 2.200 familias damnificadas y emergencias en 70 municipios, se activa un plan de respuesta y se pide apoyo urgente al Gobierno Nacional.
La intensidad de las lluvias en lo corrido del año ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a miles de personas en el territorio. En abril se presentaron 80 emergencias y, en los primeros días de mayo, ya van 38 más; cifras que superan la capacidad de atención local.
Por esta razón, fue declarada la calamidad pública para dar respuesta rápida a las comunidades afectadas. Esta decisión permite activar ayudas extraordinarias y solicitar el respaldo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Entre los apoyos solicitados se encuentra el envío de maquinaria amarilla para intervenir vías y zonas de difícil acceso, así como la entrega de materiales para reparar infraestructuras básicas y garantizar la movilidad en veredas y municipios.
También se anunció el fortalecimiento del banco de ayudas humanitarias, con el fin de entregar insumos, agua potable y elementos de primera necesidad a las más de 2.200 familias afectadas en al menos 70 municipios del territorio.
El impacto ha sido mayor en zonas rurales, donde la pérdida de cultivos, el daño en caminos y el colapso de canales de riego han golpeado fuertemente a pequeños productores. Municipios como Viotá, Caparrapí y Yacopí están entre los más afectados.
Esta medida es promovida por Jorge Emilio Rey Ángel, quien lidera la articulación de esfuerzos para garantizar atención oportuna. Se espera que, con el Plan de Acción Específico, se logre mitigar el impacto de las lluvias y proteger la vida y el bienestar de la comunidad.
